En el Bufete Iribarren, celebramos una contundente victoria en la defensa de los derechos de los consumidores, luego de que la Audiencia Provincial de Navarra confirmara la responsabilidad de BBVA en la incorrecta gestión de una operación financiera que causó un grave perjuicio a uno de nuestros clientes.
Este fallo es de gran importancia para los consumidores, ya que resalta que los casos relacionados con operaciones de cuantía inferior a 3.000 euros, tramitados mediante juicios verbales, no pueden ser apelados. Esto refuerza la protección de los usuarios de servicios bancarios al evitar que los procedimientos se alarguen innecesariamente.
El caso en cuestión involucra a un cliente de BBVA, quien fue afectado por un cargo no autorizado de 1.499 euros en su tarjeta. Tras la negativa inicial del banco a reconocer su responsabilidad, el afectado decidió iniciar acciones legales con el apoyo del Bufete Iribarren. En primera instancia, el tribunal falló a favor del consumidor, ordenando la devolución total del importe, así como el pago de los intereses legales correspondientes.
A pesar de los intentos de BBVA por apelar, el tribunal ratificó la condena, manteniendo que la entidad debía indemnizar al cliente por la totalidad de la cantidad reclamada, más los intereses.
Lo más relevante de este caso es que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias derivadas de juicios verbales por cuantías menores a 3.000 euros no pueden ser apeladas. Sin embargo, el tribunal de primera instancia no advirtió la irregularidad procesal y permitió que el caso siguiera por el camino de un juicio ordinario.
Al llegar a la Audiencia Provincial de Navarra, el tribunal aclaró que, debido a la naturaleza del juicio verbal por cuantía, no era procedente la apelación. De esta forma, desestimó la apelación de BBVA, reafirmando el fallo favorable al consumidor.
Este fallo representa un paso significativo en la protección de los derechos de los consumidores, ya que garantiza que las resoluciones judiciales en casos de menor cuantía no puedan ser objeto de apelación, evitando retrasos y costos innecesarios.